En las vísperas de una Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas en el año 2016, considerada como un hito para el logro de las metas establecidas en la Declaración Política y el Plan de Acción hacia una Estrategia Integrada y Equilibrada para contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas (2009), hacia el año 2019, la comunidad internacional enfrenta así, una vez más, una Sesión Especial dedicada especialmente a este problema, la tercera en la historia de la Organización de Naciones Unidas (Jelsma, 2015). Como señala Buxton (2008) “el principio central que subyace al control de drogas, que los Estados deben intervenir y actuar coercitivamente para prevenir el uso de sustancias peligrosas, es aceptado por todos los gobiernos nacionales independientemente del tipo de régimen, religión, orientación ideológica o nivel de desarrollo nacional”.
La Sesión Especial prevista para el año 2016 tiene lugar casi veinte años después de la Segunda Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas que tuvo lugar en el año 1998. Ese año, luego de persistentes pedidos de varios países, las Naciones Unidas celebran esta Sesión Especial, dedicada al problema de las drogas, para debatir las políticas en la materia, y aprobaron una Declaración Política y un Plan de Acción con metas a ser cumplidas en 10 años. En esa instancia, se asumió el compromiso de evaluar los resultados en el logro de esas metas hacia el año 2008 (Thoumi, 2009). En función de ello, en marzo de 2009, se realizaron una serie de sesiones de alto nivel, en las que participaron Jefes de Estado, ministros y representantes de Gobiernos de 132 Estados. Sin mayor debate y con una escasa evaluación de las metas de 1998, en el mes de marzo de 2009, los representantes de los gobiernos adoptaron una nueva Declaración Política y un nuevo Plan de Acción para la Cooperación Internacional hacia una estrategia integral y equilibrada para enfrentar el Problema Mundial de las Drogas . Así, la respuesta al mandato previsto en 1998 fue la elaboración de nuevos instrumentos que reflejaban, en gran parte, una reiteración de lo acordado en 1998 y una escasa evaluación de los resultados concretos derivados de la implementación de la Declaración Política y el Plan de Acción previos. En efecto, aunque el proceso evidenció, entre otras cuestiones, la escasez de datos certeros que permitieran una evaluación, los Estados terminaron adoptando una nueva Declaración y un nuevo Plan de Acción que volvía a trasladar la reflexión, esta vez al año 2019. Así, sin una capacidad cabal de evaluar la evolución del problema frente a las políticas implementadas, el régimen internacional en materia de control de drogas persistió, tanto en su universalidad como en su imponente capacidad de homogeneizar las respuestas nacionales al problema, y el entramado normativo sobre el que se sustenta permaneció inalterado.
Ya vigentes la nueva Declaración Política y el nuevo Plan de Acción, en el año 2014, tuvo lugar, en el marco de la 57º Sesión de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas, un nuevo Segmento de Alto Nivel para la evaluación de medio término de la Declaración y su Plan de Acción (esta vez, los aprobados en el año 2009). Si bien en las intervenciones de los diferentes actores del régimen, especialmente algunos pertenecientes al ámbito interamericano así como en otros documentos aprobados por la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, aparecen algunas voces críticas respecto de la efectividad del régimen, esas declaraciones no se vieron, al momento, acompañadas por iniciativas concretas que impliquen un cambio de régimen o, al menos, un cambio sustantivo dentro del propio régimen. Como señala Bewley-Taylor (2012) para verificar la existencia de ese tipo de cambios se requeriría una alteración sustantiva en el foco normativo del régimen por la vía de una revisión formal de los tratados, circunstancia escasamente planteada en el plano discursivo y nulamente abordada a partir de concretas propuestas de transformación. Como lo indica Jelsma (2015) pese a lo que el denomina “ruptura del consenso de Viena” y a las evidentes contravenciones del sistema, “cuestionar públicamente los fundamentos del sistema de control de drogas de la ONU e instar a que se reformen los tratados sigue siendo un tabú́”.
En este contexto de persistencia en lo que refiere al foco normativo del régimen, a lo largo de la década que va desde la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (1998) hasta nuestros días, profundos cuestionamientos han emergido en torno a la efectividad del régimen internacional de control de drogas, en torno a los éxitos y los fracasos de la estrategia internacional hasta el momento implementada. Si bien de manera primaria estos cuestionamientos emergieron desde algunas organizaciones de la sociedad civil, también serán tomados por algunos actores del régimen de manera creciente. Son numerosas las voces que varios años después del límite oportunamente establecido por los Estados para la evaluación de las metas fijadas en 1998, consideran que los resultados concretos no parecen alentadores. En efecto, en los cien años de implementación de la estrategia internacional de control de drogas, no se han alcanzado resultados significativos . Adicionalmente, las políticas implementadas han producido de manera constante un efecto de “desplazamiento” que termina equilibrando los escasos éxitos que se producen en algunas regiones, además de profundos y alarmantes “costos inesperados”. El propio ex Secretario de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en el año 2009, reconoció que pese a los esfuerzos por reducir el problema mundial de las drogas, el impacto sobre la seguridad y el desarrollo no había sido benigno. En opinión del ex Secretario, se había generado una dramática “consecuencia no intencionada” que era, nada más y nada menos, que la emergencia de un mercado criminal de dimensiones macroeconómicas. Es así que la crisis de efectividad del régimen puede constatarse no sólo en los aumentos globales en los índices de consumo y en la no reducción significativa de los indicadores vinculados a la producción, fabricación y comercialización ilícita de drogas a nivel global sino también, y principalmente, en los altísimos costos asociados que emergieron de las políticas implementadas y que resultaron en muchos casos en situaciones de violencia generada por un mercado ilícito de dimensiones macroeconómicas, en un desborde de los sistemas judiciales y carcelarios y en un énfasis inconducente en los consumidores y en los eslabones más bajos de la cadena de comercialización ilícita de drogas.
[1] De acuerdo a la Declaración Política de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1998), ratificado por la Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas (2009), se entiende por “problema mundial de las drogas” al cultivo, la producción, la fabricación, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, incluidos los estimulantes de tipo anfetamínico, el desvío de precursores y actividades delictivas conexas.
[2] Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, A/RES/64/182, 2009.
[3] Las consideraciones respecto de la crisis del régimen internacional de drogas se basan en Souto Zabaleta, M; “La crisis de la estrategia internacional de control del narcotráfico: efectividad, socialización y persistencia”; Revista de Relaciones Internacionales de la Sociedad Argentina de Análisis Político; en prensa.
[4] Discurso del Secretario de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Prólogo de la Declaración Política sobre el Problema Mundial de las Drogas, 2009.
Bibliografía
Buxton, J. (2008). The historical foundations of the narcotics drug control regime. World Bank Policy Research Working Paper, 4553.
Thoumi, F. (2009). The international drug control regime straight jacket: are there policy options? Trends in organized crime , 13, 75-80.